El desenlace del tratamiento legislativo de la política de retenciones móviles no tiene antecedente en la democracia contemporánea argentina. Por tal razón, debe explicarse con sumo cuidado y a continuación debe tomarse cuidadosa enseñanza.
Ante todo: No es cierto que confrontaron solo dos miradas, la del gobierno y la del “campo”. En Diputados hubo al menos 15 diputados que votaron contra el proyecto oficial criticando su insuficiencia transformadora y la baja protección de los pequeños productores. Rechazaron “por izquierda”.
En Senadores, un ámbito tradicionalmente más conservador, la mayoría automática era y es una fantasía, porque se origina en un peligroso mecanismo de compensaciones a  ex gobernadores y caciques menores derrotados en su interna local, en que era probable que se evaporaran alineamientos ante la perspectiva de poder “armarse para volverse a meter” en futuras internas provinciales.   Aún así, hubo al menos dos votos negativos – una senadora por Chaco y un senador por Santa Fe – que también discreparon por izquierda.
Si tales reparos no hubieran aparecido y esas voluntades se hubieran sumado a las oficiales, la votación positiva hubiera sido clara. En términos de puja de fuerzas, en realidad perdió el gobierno, pero no ganó “el campo”.
Por supuesto, para cambiar el escenario, el texto en consideración debió haber sido otro. Esta es una de las grandes enseñanzas del cuatrimestre transitado. No se puede librar una pelea esencialmente ideológica a partir únicamente de un instrumento fiscal, un impuesto. Es pelear con espadas de madera, correr el serio riesgo de no cambiar nada.
Mirando desde la equidad, en el campo argentino las cosas están bastante mal. Hay ganadores permanentes. Las trasnacionales exportadoras; los monopolios de suministro de semillas, herbicidas y fertilizantes; los grandes inversores financieros que arriendan enormes superficies; los dueños de tierra – aún de superficies modestas – que han pasado a ser rentistas pasivos y sin riesgo agrícola.
Como contra cara, hay perdedores permanentes. Los que no se dedican a la soja o al maíz; los trabajadores rurales; los pequeños contratistas. Además de eso, la calidad de vida de todos los pequeños pueblos de todo el país, donde hay dinero sin trabajar y voluntad de trabajo rural digno, sin demanda.
Ni el aumento ni la reducción de una tasa de retenciones a la exportación mejoran este estado de cosas. El Estado puede contar con algo más o algo menos de recursos, pero podría demostrarse que la situación estructural,  en ambos casos, se congela o empeora.
Para mejorar la equidad, el Estado debe pasar a ser un eslabón activo de la cadena de valor agroindustrial. No puede ni debe ser solo el recaudador de impuestos. No es este el espacio para desarrollar a pleno opciones técnicas, pero imaginemos uno solo de los caminos. Un fuerte organismo público que compre cereales a un precio de referencia básico y que luego de proveer al mercado interno a ese mismo precio, venda los excedentes a la exportación o exporte directamente, entregando luego, a quienes le vendieron, una suma adicional, proporcional por la diferencia entre los dos precios ( local y de exportación).  Sería un concepto superador de las retenciones y podría aplicarse a cualquier actividad primaria.
¿Es confiable la estructura actual del Estado para este intento? Tal vez no. Tal vez se necesitara tiempo, dinero y compromiso en cantidades superlativas para llegar a esa situación. ¿No son acaso éstos los temas que hay que discutir? De otro modo, ¿a qué consensos se debe apuntar, según el emocionado pero insustancial reclamo del Vicepresidente de la Nación?
¿Cómo compatibilizar la búsqueda de una sociedad más justa con la mirada de aquellos que siguen creyendo que el mercado es el mejor ordenador social?
Es cierto que falló el método político. Debió procurarse consensos. Pero éstos son los consensos de mayorías transformadoras, que el Congreso de la Nación mostró que están allí, que se pueden alcanzar. No son los pequeños acuerdos con quienes están conformes con el pasado o sólo lo quieren maquillar.
Hay que recomenzar el camino. Con las nuevas necesidades de la hora.
Primero: Creer en el debate profundo e informado.
Segundo: Advertir que el diseño debe poner al Estado dentro de la cadena de valor, para confrontar con los monopolios y ayudar a los actuales perdedores. Muy distinto escenario del que circula por la cabeza y el corazón de muchos quienes fueron al Monumento de los Españoles. Pero seguramente compartido por millones y millones de compatriotas.  

Enrique M. Martínez

En un tema que tiene en vilo a los argentinos desde hace más de tres meses, la conducción del  INTI se ha involucrado, tratando de poner en perspectiva el conflicto entre los intereses generales y los intereses de los diversos actores que tienen que ver con la producción agropecuaria.
En nuestros documentos, por lo tanto, hemos señalado la tremenda incidencia distorsiva que tiene la presencia del capital financiero como arrendatario, así como los cuasi monopolios en la provisión de semillas o herbicidas o fertilizantes, o la enorme concentración en la exportación de granos.

Queremos ayudar a instalar esta mirada productiva, sin la cual difícilmente podamos tener una sociedad equilibrada. Para ello, más que discursos, creemos en la acción. Por eso estamos llamando a concurso de estudios de prefactibilidad de la industrialización local de granos, en los términos que se describen en la convocatoria que se incluye en esta edición (ver página 5).
Como allí se verá damos peso central a la industrialización integral en la zona de producción, a la valorización de los subproductos o los desechos, al medio ambiente y a la ocupación. No damos prioridad a los estudios de mercado. Metodológicamente, estamos convencidos que una industria eficiente que le agregue valor a los frutos de nuestra tierra es inexorablemente fuerte en el mercado. Por lo tanto, esto lo podremos ver después, con calma.
No puede ser apenas un sueño que nuestro futuro deje de depender de la cotización de los granos en Chicago; que a su vez depende de la especulación financiera de gente que nunca conoceremos y que nunca verá siquiera una planta de soja. No puede ser que nos conformemos con tan poco como alcanzar un nivel de retenciones que permita a 100.000 productores seguir construyendo departamentos con sus ganancias; que difícilmente alguien ocupará en su totalidad; mientras a miles de kilómetros de aquí crecen los pollos o los cerdos criados con nuestro maíz y nuestra harina de soja; se producen los equipos de biogás y el biogás que no tendremos; se obtienen los derivados proteínicos y farmacéuticos que nuestros técnicos saben obtener, pero nunca podrán fabricar, porque el señor Cargill los dejó sin la materia prima, o el señor Monsanto los tiene atados con sus patentes.

Hace más de dos meses que comenzó la protesta de productores agropecuarios. Vale la pena explorar las sensaciones y nuevas convicciones de un ciudadano medio, que haya tratado todo este tiempo de informarse, entender la naturaleza del conflicto y no solo prever su evolución, sino en alguna medida y a su alcance, tomar partido.
Hoy ese argentino promedio, muy probablemente tenga claro:
. Que cultivar soja o maíz o trigo en este país es un buen negocio.. Que, sin embargo, hay diferencias importantes según la región donde se siembre y según el tamaño de la explotación, sobre todo si se toma en arriendo todo o parte de la superficie.

Las alzas de precios ponen nerviosos a todo el mundo. A quienes tenemos recursos limitados, porque imaginamos que mañana será peor y nos apresuramos a comprar o simplemente –duramente- perdemos capacidad de comprar día a día. A quienes tienen capacidad de formar precios, por su parte, la inflación les representa una oportunidad de aumentar sus ganancias, en tanto se adelanten al ritmo de crecimiento, con lo cual es probable que remarquen anticipadamente y sean un factor adicional de causa del problema.

De tantos escenarios de puja de poder en el mundo moderno el de los precios es tal vez el más siniestro, porque se mueven ejércitos sin rostro, buscando las mil maneras de ganar más o de perder menos, en una clara puja de suma cero, porque no se discute como generar más trabajo, mejor ambiente, más calidad de vida. El resultado es previsible: pierden los más débiles; los asalariados, los desocupados, los que no pueden definir sus precios de venta, ya que algún otro se los determina. Décadas de lectura atenta de los comportamientos en esta confrontación llevan a advertir sólo dos formas de intentar mantener la situación bajo control.

La primera es la que aplica el manual neoclásico y asigna la causa original de la inflación a un exceso de demanda. Si es así, hay que frenar esa demanda. Frenar el alza de los salarios, reducir los créditos, aumentar los impuestos, son los caminos que se supone disminuyen el dinero que está en condiciones de ir al consumo y restan presión sobre la oferta, hasta que ésta pueda expandirse lo suficiente. Mirado desde la justicia social, este análisis es al menos paradojal. Para que la inflación no perjudique mañana a los que menos tienen, los perjudicamos ahora.

La alternativa –la “progresista”– viene siendo desde hace más de 50 años establecer controles de precios. Es decir: si el manual económico no funciona, apliquemos la política a la economía y frenemos los precios por acuerdos –si alguien aceptara respetarlos - o por la fuerza. Esta variante fracasa una y otra vez y nos deja frente a la primera como único camino. Esto está pasando una vez más en la Argentina, al punto que aparecen del sótano los economistas neoclásicos avisando: “ya les dije…”.

Estamos en una trampa. Tan dura es esa trampa que pone en jaque aún a quienes no creen en la a esta altura burda explicación del exceso de demanda. En efecto, hay quienes le dan la importancia debida a la alta concentración de la economía y agregan esto al escenario. Grandes hipermercados, productores que controlan más del 50% de la oferta de un bien, son actores que se escapan totalmente a la figura del oferente clásico, que busca simplemente satisfacer la demanda y en ese encuentro llega a un precio de equilibrio. Para nada. Hay por todos lados quienes fijan su tasa de ganancia primero y los precios a los que venden después, apoyados en todo el poder económico necesario para ello. Sin embargo, quienes entienden que eso sucede y que esa es una causa central de la inflación, proponen controlar los precios discutiendo acuerdos con esos poderes concentrados. Más de lo mismo. En realidad peor: esta mirada, aunque en el discurso actúe en nombre de los intereses populares, en la práctica consolida la concentración, asfixia cualquier alternativa de intentar una verdadera democracia económica.

A todo esto – la existencia de mercados totalmente asimétricos; la imposibilidad de pensar en términos de economía elemental; la ineficacia de los acuerdos de cúpula – debe agregarse un elemento inédito para esta generación: la inflación actual comienza por los alimentos y tiene dimensión mundial.

Ya se ha generalizado la creencia que la demanda china e hindú de granos es la causa disparadora. Otros agregamos el programa de bioetanol a partir de maíz decidido de manera intempestiva por el gobierno de Estados Unidos. Mejor démosle dimensión cuantitativa.

Según información del Banco Mundial, entre 2004 y 2007 la producción mundial de maíz aumentó 51 Millones de toneladas. Pero el programa de bioetanol americano demandó lo mismo: 50 Millones de toneladas. Y el consumo global para alimento humano o animal aumentó 33 Millones de toneladas, que salieron íntegramente de los stocks mundiales, generando una fuerte presión inflacionaria, que se trasladó en cascada al resto de los granos.

Dicho de otro modo: Si el loco programa de George Bush no hubiera existido, fortalecido con la mirada complaciente de varios líderes mundiales que ahora vuelven sobre sus pasos, el stock mundial de maíz sería hoy 18 Millones de toneladas mayor que en 2004, a pesar de la afluencia china e hindú. El escenario sería otro.

En cualquier caso, aquí estamos: inflación en los precios de los alimentos. En un país de primer nivel mundial en producción de alimentos exportables, en que por lo tanto todo bocado nuestro podría ser vendido caro afuera. Es casi obvio que esto aumenta la complejidad del problema.

En todo caso, también aumenta la velocidad con que se disemina la preocupación, porque la seguridad alimentaria está en la base de cualquier perspectiva de mínima serenidad social. Hay que empezar por aquí.

¿Acaso para ello hay un tercer camino, mas allá de los dos clásicos?

Creo que sí. Además de toda la discusión sobre una política de retenciones a la exportación que reduzca el efecto de los precios externos sobre los precios internos, se debe asumir desconcentrar la economía como un hecho imprescindible. Eso significa acotar el margen de maniobra de los más poderosos, a la vez que promover con fuerza la aparición y fortalecimiento de actores más pequeños.

Conocer en profundidad las cadenas de valor y buscar con tenacidad la forma de que desaparezcan o se achiquen los eslabones que no agregan valor, es antiinflacionario casi por obvia definición. Si el pequeño ganadero puede evitar caer en manos del consignatario y luego del matarife, gana más por su novillo y el carnicero compra más barata la carne. Así de simple. Si se vincula al que produce con el que consume a través del mínimo número de eslabones necesarios, ganan los dos extremos: el que produce y el que consume. Hay que poner tecnología al servicio de los pequeños, que está disponible. Se puede hacer con las frutas y hortalizas; con los lácteos; con los pollos; con los panificados. Cada subsector tiene su particularidad, pero toda solución confluye a un mismo concepto: facilitar el contacto directo entre el productor y el consumidor. Siendo esta la llave, tal vez sea el momento de la movilización de acciones del estado a escala municipal en todo el país, en tal sentido. Los mercados comunales; la transferencia de tecnología y equipos para instalar pequeñas plantas lácteas o pequeños peladeros de pollos con aptitud sanitaria; la compra conjunta de toda la harina a procesar en el pueblo, son acciones al alcance técnico y humano que hasta nos da cierto pudor describir, por evidentes y elementales.

El hecho que no se recorran estos caminos no es fruto de un déficit intelectual, sino de un déficit político, de una superficial interpretación de la democracia económica con justicia social. ¿Obliga a bajar de los análisis macro a caminar la calle y conocer los mecanismos de detalle por los que se producen y distribuyen los bienes? Sí.

¿Es largo y difícil estabilizar esta cultura? Sí. Pero si no lo hacemos, seguiremos golpeando la cabeza contra la pared. Para peor, la cabeza ajena, la de los pobres.

Enrique Martínez y Javier González Fraga debaten sobre el campo.

Ambos economistas coincidieron en la aplicación de retenciones. Igual, González Fraga planteó directamente que el Plan K “hace agua por todos lados”. El titular del INTI defendió la estrategia e insinuó una crítica a la política sobre el sector.

Diario Crítica de la Argentina - 06/04/2008

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Este documento está preparado con la vocación de entender y ayudar a entender el agudo conflicto agrario que se está desarrollando en el país, ante la acumulación de confusiones que ponen lo secundario delante de lo principal, en un tema crucial para todos los argentinos. Empecemos por el principio.

La rentabilidad del productor de granos

Tomando los datos de las fuentes citadas al final del documento para el período 2007/2008, se llega a los siguientes valores por hectárea, para maíz, con los precios y niveles de retenciones actuales.

Caso 1: Maíz en campo propio (dólares/ hectárea)

Debe tenerse en cuenta que los gastos de comercialización disminuyen si se vende el maíz para alimentos balanceados u otro uso del mercado interno y aumentan, por supuesto, si se vende para exportación, en lugares más alejados de los puertos.

Vale la pena hacer un cálculo primario del retorno del capital circulante invertido, admitiendo que todas las labores se hacen a través de contratistas. Tomando el supuesto más desfavorable – además irreal – de un desembolso concreto de todos los gastos por parte del productor, al inicio de la siembra, mas allá que los gastos de la cosecha y envío a puerto son casi simultáneos con el ingreso por venta, el beneficio bruto esperado resulta del 91% y del 125% del capital circulante invertido, en 8 meses.

En este marco se puede concluir en forma directa que las retenciones son un impuesto a la renta extraordinaria; que esta renta existe y que el instrumento elegido forma parte del menú de políticas que cualquier país del mundo utiliza, como hace Noruega con la renta del petróleo, por mencionar uno solo de varios ejemplos posibles. Puede a continuación discutirse cómo se asignan los recursos del impuesto, pero eso es claramente un tema independiente.

La rentabilidad de un fondo de inversión

Caso 2: Maíz en campo arrendado (dólares/ hectárea).

Aquí se supone que quien arrienda es un gran fondo de inversión con capacidad para obtener descuentos del 10% en las labores, la semilla y la cosecha y del 15% en los agroquímicos.

Se estima que el costo del arrendamiento, solo para maíz, es de 350 dólares por hectárea.

Con estos datos la rentabilidad esperada, calculada de la misma manera que antes, en 8 meses, resulta del 32% para un rendimiento de 7 toneladas por hectárea y del 65% para 9 toneladas por hectárea.

Cabe consignar que en esta variante, el dueño de la tierra tiene un ingreso de 350 dólares por hectárea. Este valor es menor que el que obtendría si asumiera el riesgo de siembra, cultivo y cosecha, pero lo independiza totalmente de realizar labor alguna y lo libera de toda situación azarosa. Se trata de renta pura. Si bien los campos tienen alta variación regional de precios, si tomáramos el valor de referencia como 5000 dólares la hectárea, el ingreso obtenido sería del 7% sobre el capital fijo, tasa superior a cualquier colocación financiera, a la cual se debe agregar la valorización anual del campo y el posible uso de la tierra para pastoreo los cuatro meses que queda libre.

La alternativa trigo-soja

Para no agobiar con números al lector, se debe señalar que se han verificado las rentabilidades de la siembra de soja de primera o de la rotación trigo-soja, con los actuales precios y niveles de retención, tanto para productores como para fondos de inversión.

Los valores de ingreso neto esperados por hectárea, para un productor, están entre 600 y 800 dólares por hectárea. Nunca menos del 100% anual del capital circulante invertido.

Para un fondo de inversión, el beneficio sería entre 150 y 350 dólares por hectárea. Esto, medido en relación a los fondos erogados, significa entre 15% de ganancia en 6 meses y 70% en un año, según las situaciones.

El núcleo del problema

Comienzo por admitir que no estamos hablando de situaciones con absoluta certeza de resultado. La naturaleza no es enteramente previsible. Sin embargo, todos los datos presentados surgen de rendimientos promedios y en ningún caso de extremos favorables. Salvado este punto, caben varias reflexiones.

Ante todo: la rentabilidad del negocio de los granos hoy – con las actuales retenciones - es superior a la de cualquier alternativa industrial o financiera o también del propio campo, si se compara con ganadería u otras variantes.

A pesar de lo anterior, los actores del sistema confrontan su renta presunta con la que hubieran obtenido si no se hubieran aumentado las retenciones de la soja y el girasol, incluso con la que obtendrían si no hubiera retención alguna y se sienten despojados. En algunos casos, la sensación es inevitable, cuando la medida se tomó estando la cosecha en pleno desarrollo.

A diferencia de la producción industrial, la producción agropecuaria se funda en un factor de producción como la tierra, no ampliable, cuya propiedad otorga derechos de renta per se. Esto ha sido así siempre y en todo lugar. La tradición del campo argentino, en particular, es justamente que la existencia de grandes extensiones en manos de poca gente convirtió en arrendatarios a quienes, disponiendo de pequeñas superficies o de ninguna, se equiparon para trabajar campos de terceros asumiendo parte del riesgo agrícola. El trabajo de la tierra, con un porcentaje de la cosecha destinado a recompensar a los dueños de los predios, es tan antiguo casi como nuestra historia económica.

Hay una convergencia de dos factores, sin embargo, que han cambiado totalmente el perfil productivo agropecuario, en los últimos 20 años. Por un lado, la muy rápida difusión de la siembra directa, con aplicación de herbicidas y fertilizantes, que minimizan las labores necesarias y permiten trabajar grandes superficies en mucho menor tiempo que hace dos décadas. Por el otro, la aparición de capitales financieros enteramente ajenos al campo, pero que basados en la mayor predictibilidad de los actuales sistemas de siembra y cosecha y en la asociación práctica con empresas de labranza, comparan la renta posible con las ganancias del plazo fijo o aún de situaciones mucho más volátiles como la bolsa de valores u otros esquemas de especulación financiera, y la concretan.

La irrupción acelerada de estos capitales pudo ser posible asumiendo mayores riesgos que los arrendatarios tradicionales. En lugar de pagar un porcentaje, debieron pagar – y pagan – sumas fijas por hectárea, eliminando todo riesgo en cabeza de los dueños de la tierra.

La muy alta rentabilidad reitero, comparada con el mundo financiero, atrajo inversores como moscas a la miel. Aumentó la renta de la tierra y luego el valor de la tierra, de manera nunca vista antes en nuestra historia.

Finalmente puso a los propietarios ante los siguientes dilemas:

1. Propietario chico de 50 hectáreas. ¿Me quedo con 25.000 dólares por año de renta fija, arrendando para trigo-soja, o aspiro a unos 40.000 dólares por año trabajando la tierra? La primera variante habilita al pequeño chacarero a intentar una empresa urbana, comercial o inmobiliaria, con menos esfuerzo y riesgo. La segunda variante produce mayor retorno, pero obliga a correr detrás de contratistas o cosechadores cada vez más seducidos para trabajar al servicio de los grandes grupos. Muchos han optado por el primer camino.
2. Propietario grande de 1000 hectáreas. ¿Recibo 500.000 dólares al año de renta fija o aspiro a 800.000 asumiendo los riesgos? Son muchos – muchísimos – los que disfrutan de la primera opción. Tengamos presente que estos propietarios son los que siempre han dado en arriendo una parte de su tierra. Solo que ahora las tasas son astronómicas.
3. En ambos casos – grandes o chicos – se abrió el camino de una suerte de cadena de la felicidad, ya que al percibir arriendos en dinero, éste puede ser luego invertido en los propios fondos de inversión, aumentando aún más la rentabilidad, sin involucrarse directamente en labor agraria alguna.

Las consecuencias sociales de la dominancia productiva de los fondos de inversión han sido expuestas en numerosos foros y no son exageradas en absoluto. La despoblación rural y el empobrecimiento de los sectores de servicios de los pueblos del interior son consecuencias directas del nuevo modelo. El bajo interés por las rotaciones; el riesgo de contaminación hídrica por exceso de nitratos o fosfatos; el riesgo asociado a la diseminación sin ton ni son de envases de herbicidas, no puede ni debe ser subestimado.

El esquema de retenciones, como se ha visto más arriba, no elimina el negocio de los fondos. Lo más probable, en realidad, que el aumento de retenciones provoque la disminución del costo de los arrendamientos a futuro, pero mantenga el negocio de estos grupos.

En lo antedicho está el auténtico núcleo del problema agrario de hoy. Siempre hubo propietarios chicos y grandes; quienes explotaron sus campos y quienes no. Pero el actual modelo de producción rompió la relación entre el capitalista agrario y la tierra. La instalación del capital financiero como el dinamizador de la producción agropecuaria provoca infinidad de distorsiones negativas, que cualquier programa sectorial debe intentar corregir.

Una conclusión preliminar

El conjunto de la sociedad no está siendo bien informada sobre este conflicto. No se trata de dirimir – en todo caso no es el punto central – una puja distributiva entre los chacareros y el Estado.

Deberíamos aprovechar la controversia y el conflicto para acordar un modelo productivo que sirva a los productores, también a sus regiones y al país en su conjunto.,

La línea central de la política debiera ser la desconcentración, que no es otra cosa que favorecer a los que tienen las raíces en la geografía argentina. Estimular a los pequeños productores es democratizar el tejido productivo. Es parte de una redistribución de ingresos sustentable.

No es este el lugar ni la pretensión de formular aquí un programa sectorial completo. Solo se enumerarán facetas a tener en cuenta para ser coherentes con un propósito democratizador y de mayor justicia.

- Toda medida de estímulo a cualquier sector o subsector del campo debería tener como condición que los trabajadores rurales se desempeñen en el marco de las leyes laborales y de seguridad e higiene más elementales. No es admisible, bajo ninguna explicación, que el trabajo en negro entre los trabajadores del campo sea por lejos el mayor de todos los sectores.

- Existe un proyecto de ley de arrendamientos, presentado por dos diputados (Ilarregui y Cantero) en 2006, que busca acotar el trabajo de los fondos de siembra, dándole estabilidad mínima de 5 años a los compromisos de arriendo. A el deberían agregarse compromisos de rotación entre cultivos y parece una buena medida regulatoria.

- Se debería subsidiar parte de los fletes mayores de 200 kilómetros hasta el puerto, hasta un tonelaje máximo por productor.

- Se debería computar parte de las retenciones como adelanto de impuesto a las ganancias, para productores directos con menos de cierta superficie límite.

- Se podría importar en forma directa herbicidas y fertilizantes, para su distribución a través de cooperativas agropecuarias.

- Los pequeños ganaderos deberían tener acceso garantizado a entregar animales para faena directamente a los frigoríficos y luego negociar sus reses a través de certificados transferibles.

- Los pequeños productores lácteos o de pollos o de cerdos deberían contar con un apoyo concreto de envergadura para poder procesar su producción hasta llegar a industrializarla y entregarla directamente al comercio minorista. Esto es factible en todo el país, especialmente en las regiones más pobres y hay numerosas experiencias que lo validan.

Tal vez estos ejemplos sean suficientes para mostrar que:

- La política de retenciones móviles es casi obvia y debería ser mantenida.

- Superpuesto con ella, resulta imprescindible un gran esfuerzo para corregir la distorsión y concentración de la estructura productiva, recuperando un rol activo para los productores asentados en cada territorio.

Fuentes:

Bolsa de Comercio de Rosario

Unidad de investigación y Desarrollo de AACREA

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos

Proyecto PRECOP del INTA.

Boletín Márgenes Agropecuarios.

*Ing. Enrique M. Martínez

 Presidente del INTI